María Guadalupe Juárez Hernández*
Con este título tan emblemático, tan desgarrador, pero también lleno de rabia, iniciamos los foros para la difusión de la reforma judicial.
Quisiera comenzar esta ponencia agradeciendo a la Senadora Citlalli Hernández, a la exsecretaria de Argentina Josefina Kelly y a todas las compañeras que hicieron el esfuerzo por acompañarnos.
Formo parte de una colectiva nacional: Mujeres Moreno República. La presente ponencia es un trabajo colectivo, por ello, le doy gracias a Natalia, Miriam, Laura, Graciela, Roció, Carolina, Julia y Lupita Chavira, espero que lo que me comentaron y enviaron se vea reflejado en este documento.
Si el 2 de junio no hubieran votado casi 36 millones de mexicanos y mexicanas por el Plan C, no estaríamos discutiendo la reforma al sistema judicial.
El 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió iniciativas al Congreso de la Unión. Se realizaron cambios legítimos a las leyes, que fueron aprobados por nuestro movimiento, pero la Corte los echó atrás.
Entonces, fue cuando nuestro presidente planteó que, como jefe de la nación, trabajáramos juntos para el Plan C. Así surgió el Plan C: vamos por el Plan C.
Ahora sabemos que el Plan C implica obtener una mayoría calificada en el Congreso, lo que permitiría a nuestro movimiento aprobar leyes constitucionales sin necesidad de negociar con otros partidos. Y esto lo logramos el 2 de junio. Morena obtuvo la mayoría calificada con 371 diputados y nos quedamos a solo tres senadores de alcanzar la misma mayoría en el Senado.
Esto es fundamental, porque todas las que estamos aquí participamos para lograrlo. No hubo ninguna compañera que, en esta campaña, no pegara carteles, colgara mantas, enviara mensajes de WhatsApp con información o asistiera a los eventos de nuestra entonces candidata a la presidencia.
Es fundamental reconocer a todas estas mujeres de este país que luchamos para lograr el Plan C y sumar a la historia. Este país tendrá por primera vez una mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Rosario Ibarra de Piedra estaría orgullosa.
Nuestra presidenta electa, durante todo su proceso de campaña, habló de cómo construir el segundo piso de la Cuarta Transformación: el apoyo a mujeres de 60 a 64 años, la no reelección, becas para alumnos de educación básica, la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma constitucional al Poder Judicial. Tres de estas propuestas fueron presentadas al Congreso de la Unión el 3 de julio.
Desde ese momento, en todos los distritos federales y en todas las plazas públicas del país, la militancia de Morena ha estado realizando asambleas los fines de semana para informar a la ciudadanía sobre las reformas y cómo estas beneficiarán en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.
La Reforma del Poder Judicial
La Reforma Judicial impacta primero a nivel federal y luego se extenderá a los estados. Esta reforma busca transformar un poder que ha sido clasista, machista y racista, y que no responde a los intereses del pueblo. Se enfrenta a un poder lleno de nepotismo, impunidad y complicidad interna.
En su conferencia mañanera del 1 de julio, nuestro presidente hizo una crítica muy acertada sobre el desempeño del poder judicial, señalando la mala ejecución por parte de los ministerios públicos en la integración de las carpetas de investigación y la liberación de presuntos delincuentes (La Jornada, 1 de julio).
La magistrada conocida como «la magistrada del pueblo», Lenia Batres, ha señalado que la Corte desestima muchos casos relacionados con derechos sociales, concentrándose principalmente en casos de carácter fiscal, al menos en la mitad de los casos que atienden.
La reforma judicial, tal como está planteada actualmente, incluye la paridad en la elección de ministros, magistrados y jueces, aunque no incorpora una perspectiva de género. Sin embargo, este es un primer paso para avanzar hacia un poder judicial comprometido con los intereses del pueblo y, en consecuencia, con las mujeres.
La periodista Alejandra Pitelier, en su artículo «Mujeres en desigualdad en el poder judicial» (Financiero, febrero de 2004), señala que la presencia de una ministra presidenta no ha conllevado un avance significativo en términos de género. Más bien, se ha retrocedido en comparación con lo logrado durante la presidencia del ministro Zaldívar. Entre 2019 y 2023, se avanzó en la paridad de género, dando más oportunidades a las mujeres en cargos dentro del poder judicial. Además, durante ese tiempo, la Corte despenalizó el aborto a nivel federal.
Con la ministra Piña, se ha producido una regresión en la igualdad de género en la administración actual del poder judicial federal. Spitalier señala que se eliminó la Unidad General de Igualdad de Género de la Corte, transformándola en una dirección con muy poco personal. Además, se suprimió la obligatoriedad de los cursos de capacitación en materia de género que antes eran requeridos para todos los cargos jurisdiccionales y como requisito para que las nuevas incorporaciones pudieran ascender dentro de la carrera judicial.
Aunque ahora contamos con una ministra presidenta en la Corte, no se ha superado la desigualdad. Es crucial reconocer que, aunque las juezas sean mujeres, esto no garantiza que tengan sensibilidad hacia las injusticias que enfrentan las mujeres ni una adecuada perspectiva de género. Es más probable que se preste atención a la transformación de las ideas machistas que perpetúan la injusticia si se exige un cambio real. Esta reforma al poder judicial es solo el primer paso hacia la transformación del sistema. Debemos seguir impulsando para que se garantice, de manera efectiva y transversal, la perspectiva de género en todo el sistema de justicia. Es crucial que esta perspectiva sea progresiva y equitativa en el desarrollo de las mujeres, con el objetivo de asegurar que tanto mujeres como hombres puedan ejercer y disfrutar de sus derechos humanos con un enfoque de igualdad sustantiva.
Justicia efectiva para las Mujeres
En el país hemos avanzado mucho en esta Cuarta Transformación con nuestro presidente. En este proceso, hemos participado muchas mujeres, recuperando derechos, construyendo soberanía y un Estado de Bienestar en favor de todos, especialmente de las más pobres. Es un orgullo formar parte de este movimiento.
Sin embargo, también es una realidad que venimos arrastrando décadas de injusticia y violencia, especialmente desde el sexenio de Calderón. No ha sido fácil, y en esta transformación, el poder judicial se resiste a cambiar y a cumplir con el pueblo y las mujeres.
La magistrada Batres dijo en el foro de San Cristóbal: “Estamos viviendo un momento histórico y excepcional porque, por primera vez en dos siglos, se está cuestionando el origen, la funcionalidad y el papel mismo del poder judicial de la federación.” Nosotras decimos que el poder judicial tiene, principalmente, una deuda con las mujeres. Deben rendir cuentas; necesitamos reformas de fondo que reconozcan los derechos que nos han sido limitados durante años.
A lo largo de nuestra vida, de nuestra militancia, nos hemos encontrado con casos muy difíciles, donde algunas de nuestras compañeras, nuestras amigas o nuestra familia se han enfrentado con el sistema judicial. Y la experiencia ha sido la misma, hay una profunda corrupción, la justicia es para quien tiene más recursos y lo sabemos por experiencia que las mujeres, pobres, indígenas, afrodescendientes y de la diversidad viven profundamente la corrupción de este sistema judicial.
El sistema judicial actual es profundamente patriarcal, neoliberal se ha caracterizado por la corrupción, el nepotismo, el acoso sexual, la violencia, por el abandono a la política de la defensoría pública.
Justicia para las mujeres que han sufrido sentencias injustas por los jueces, al señalar la carga cultural sosteniendo que las mujeres somos las únicas responsables de los cuidados de los hijos.
Justicia para las mujeres que por decidir sobre su cuerpo han sido encarceladas, como los jueces al juzgar el tema del aborto han mandado a miles de mujeres a la cárcel injustificadamente. Lo que sucedió en Puebla es histórico se logró el estado 13, que aprobó el derecho a decidir sobre su cuerpo.
Justicia para las mujeres desplazadas por la violencia en el Estado de Michoacán, donde familias enteras son expulsadas de sus localidades a la fuerza. El 75% de estas personas desplazadas son mujeres, que pierden propiedades, documentos, su vida social y quedan en la nada. En las colonias más pobres, a las niñas de 14 años se las roban, las drogan, las prostituyen y las convierten en enganchadoras.
Justicia para las niñas y niños que han sufrido abuso sexual infantil, pederastia y pornografía infantil. Entre los países que integran la OCDE, México ocupa el primer lugar en violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (OCDE, 2019). Aunque los tres delitos ya están legislados a nivel federal, varios códigos penales estatales no los tienen armonizados, lo que crea una ventana de impunidad para que pederastas y agresores sexuales queden libres o reciban condenas muy bajas.
La situación en los estados de la república es la siguiente: pederastia, 18 estados sin regulación; pornografía infantil, 8 estados sin regulación; y abuso sexual infantil, 4 estados sin regulación.
Justicia para las mujeres desaparecidas, asesinadas, quemadas y abandonadas en los arroyos. En nuestro país, el 66.1% de las mujeres de 15 años o más han enfrentado violencia de algún tipo alguna vez en su vida; el 43.9% ha sufrido agresiones de su esposo o pareja actual, y el 53.1% ha sufrido violencia por parte de algún agresor distinto a su pareja (INEGI, 2019).
Natalia Eguiluz Ornelas, en su tesis de doctorado «Tomar la calle: Activismo contra la violencia feminicida en México (2012-2019)», señala en la página 80 que estas cifras reflejan la grave situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. 30 de cada 100 mujeres asesinadas, fueron estranguladas, ahorcadas, quemadas, golpeadas con arma punzocortante. El mayor número de desaparecidas según el observatorio ciudadano nacional del feminicidio, contabilizo 3, 174 desaparecidas en 5 estados: estado de México, Jalisco, Colima, Guanajuato y Ciudad de México. (INEGI 2019).
¡Justicia para las sobrevivientes de tentativa de feminicidio!
No somos cifras, Mariana Lima Buendía, Marisela Escobedo, Liliana Rivera, Yeri, y muchas más. Por las muertas de Juárez, de Ecatepec y de todo el país, exigimos justicia, cárcel a los violadores, a los pederastas, a los feminicidas, a los golpeadores…
Rechazamos que tengamos leyes con nombre de mujer: Ley Olimpia, Ley Ingrid, Ley Malena, Sentencia Mariana Lima. El poder judicial debe legislar sin que las mujeres pongamos nuestro cuerpo y vida. Sera una lucha histórica, el poder judicial es un poder conservador y con bastante poder.
Con esta reforma, democratizaremos el poder judicial y buscamos que se sancione a las y los jueces que no hagan bien su trabajo. Queremos que exista transparencia en las decisiones que toman y que se les fijen plazos límite para resolver los casos. No puede ser que haya casos de hace 20 años aún sin resolverse, ni que ganen tanto dinero; es indignante. La lucha no será sencilla, ya que el poder judicial es el último bastión que la derecha aún controla, pero lo vamos a lograr. ¡Es tiempo de mujeres de izquierda! ¡JUSTICIA!, ¡JUSTICIA! DIRÍA IRINEA BUEN DÍA, para las mujeres.
*Feminista, sindicalista, ex secretaria de mujeres de la CDMX, parte de la comisión política de MMR, consejera Nacional.
(1) Ponencia presentada en el foro «Justicia para las mujeres». 3 de julio de 2024.
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