Marisela Ortega Domínguez*
¿El poder judicial realmente interpreta y aplica adecuadamente las leyes?
La función del Poder judicial es interpretar y aplicar las leyes; sin embargo, la realidad nos muestra que la justicia en nuestro país no es equitativa. No se aplica de la misma manera a los ricos que a los pobres, y dentro de los sectores más marginados, las mujeres son quienes enfrentan mayor desatención, especialmente en casos de violencia laboral, familiar o social. Esta falta de atención contribuye a que situaciones extremas, como los feminicidios, no se prevengan a tiempo.
El análisis de numerosos casos de mujeres violentadas por sus esposos, novios jefes revela que la justicia no se aplica adecuadamente por diversas razones. La más persistente la concepción misógina que prevalece entre algunos jueces y funcionarios, quienes, con su mentalidad retrógrada, tienden a culpar a las víctimas.
Además, la falta de recursos económicos agrava su situación, dejándolas desprotegidas. La ideología machista, sumada a la corrupción e impunidad, empeora el panorama legal de las mujeres más pobres, a quienes no se les cree o se les revictimiza al considerarlas responsables de la violencia por no ser, según estereotipos, «buenas madres, esposas, novias o hijas».
Si queremos una justicia que sea verdaderamente igualitaria para toda la población, es urgente una reforma que garantice un Poder Judicial eficiente, transparente, humanista y accesible para todos los sectores sociales.
La propuesta actual de la Reforma Judicial, además de buscar frenar los excesos de los jueces y magistrados, denuncia los vicios dentro del sistema, como la corrupción, la desatención a denuncias probadas, el nepotismo, los gastos onerosos, el tráfico de influencias y la comercialización de información confidencial. La corrupción está presente en todos los niveles del Poder Judicial, desde magistrados y jueces hasta en la forma en que se imparte justicia. Los juicios, en su mayoría, no son orales y democráticos, lo que impide la participación pública en el proceso, como sería el caso de un jurado ciudadano.
A esto se suma la ausencia de políticas con perspectiva de género. El acoso sexual y violencia de género son problemáticas evidentes dentro de las oficinas del Poder Judicial y en el trato hacia las víctimas y sus familiares. La falta de capacidad de quienes imparten justicia debe ser analizada desde su origen, es decir, en su formación y en la deficiente selección de los funcionarios. Aunque existen diversas escuelas judiciales, éstas no están alineadas con una justicia que verdaderamente beneficie a la sociedad. Los concursos de oposición están plagados de irregularidades y corrupción, favoreciendo siempre a los hombres, lo que perpetúa la inequidad.
Además, existe un atraso tecnológico significativo en el sistema judicial. Los expedientes son voluminosos y difíciles de consultar, lo que afecta directamente la labor de los defensores de oficio, quienes no cuentan con la información adecuada para ofrecer una defensa sólida. A esto se suma la falta de actualización y capacitación, lo que se traduce en una asesoría deficiente para la población.
La Reforma judicial propone:
Un enfoque integral para combatir el nepotismo, mediante la creación de un padrón electrónico que registre las relaciones familiares en el Poder Judicial y la reasignación de aquellos que han sido contratados por relaciones familiares. Las contrataciones sean por su capacidad y no por ser amigo o familiar de un magistrado, juez o cualquier funcionario.
Establecer concursos de oposición para mujeres, con el fin de garantizar su acceso a los cargos del circuito judicial y promover la designación de mujeres juezas. Además, las mujeres contratadas deberán contar con instalaciones adecuadas, como salas de lactancia, y disfrutar de licencias de maternidad. Asimismo, se impulsará la igualdad de derechos, extendiendo las licencias de paternidad a jueces y magistrados. Esto refleja una impartición de justicia con perspectiva de género, que busca beneficiar a toda la sociedad.
El combate al acoso sexual y la violencia de género será otro eje central, a través de la creación de áreas especializadas para la prevención, atención y erradicación de estas problemáticas. Las sanciones a jueces y magistrados que incurran en abusos o acosos serán ejemplares, enviando un mensaje claro de tolerancia cero a la impunidad.
Es momento de poner fin al abuso contra las mujeres, comenzando por erradicar la corrupción en el Poder Judicial. Debemos votar por jueces, magistrados y defensores que estén verdaderamente capacitados, con conciencia social y comprometidos con la defensa de los más vulnerables, especialmente las mujeres.
Con la Reforma Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador ya aprobada, México se convierte en el primer país donde todos los jueces serán elegidos por voto popular.
«Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
* Educadora Popular del INFP.
morenas en voz alta 