Natalia Eguiluz
Este mes se aprobó la reforma judicial que busca democratizar dicho poder mediante la elección de ministras, ministros magistradas, magistrados y juezas por voto popular, garantizado la paridad de género. La reforma también promueve la austeridad republicana, reduciendo el número de ministras y ministros de 11 a 9, eliminando la pensión vitalicia para personas y haciendo cumplir el artículo 127 constitucional, que establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente o presidenta de la República. Asimismo, se propone avanzar en transparencia y garantizar una justicia pronta y expedita al establecer plazos reglamentarios para la resolución de casos. Además, plantea la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal para crear un órgano técnico autónomo que sancione a jueces y juezas, y otro dedicado a la gestión administrativa. Finalmente, señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá sesionar exclusivamente en el pleno y de manera pública.1
Se ha dicho que esta reforma es la “madre” de todas las reformas presentadas en este momento histórico, en el que coincide el último mes en funciones de nuestro querido presidente López Obrador y la mayoría calificada en la Cámara de Diputadas, además de una mayoría casi equivalente en el Senado, gracias a la contundente victoria en las elecciones del 2 de junio de 2024.
Los profundos cambios logrados el sexenio del presidente López Obrador evidencian un giro en el rumbo del país, alejándose del neoliberalismo para construir un Estado de Bienestar que pone primero a las personas más pobres. En este nuevo enfoque, la vida de las personas es el eje central, reconociendo y valorando la pluriculturalidad.
Sin duda, estamos haciendo historia al construir una democracia real, en la que tomamos en serio lo que establece el artículo 39 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”2
Durante los primeros seis años de la Cuarta Transformación, se ha logrado socializar la idea de que el poder reside y emana del pueblo. Hoy contamos con gobierno del pueblo que no responde a los intereses de unos cuantos poderosos.
No obstante, el Poder Judicial no ha comprendido esta transformación ni he estado a la altura de la revolución pacífica iniciada el 2 de julio de 2018 mediante la sublevación popular de la mayoría de la población a través del voto. El Poder Judicial ha mantenido su carácter neoliberal, respondiendo a los intereses de las élites y no al pueblo de México. No acata la austeridad republicana y, pese a su responsabilidad de proteger la Constitución, la viola. Además, continúa siendo una institución clasista, racista y machista. Lamentablemente, en nuestro país sabemos que vivir en condiciones de pobreza prácticamente anula la posibilidad de acceder a la justicia, “la justicia es para quien puede pagarla”, se dice comúnmente. Ser pobre y mujer agrava aún más el riesgo ser víctima de crímenes que quedan en total impunidad. Con frecuencia, cuando las mujeres denuncian violencia, desapariciones o feminicidios, sufren la revictimización basada en estereotipos de género y, en muchos casos, sus denuncias ni siquiera son juzgadas. De hecho, en el continuum de violencia que enfrentan las mujeres en México, la impunidad es parte constituyente. El maltrato que generalmente reciben de jueces y juezas, así como las dificultades económicas que enfrentan madres y familiares de las víctimas para poder trasladarse y dar seguimiento a procesos de denuncia eternos y dilatorios, en un de un sistema judicial inoperante que minimiza o descalifica sus casos, es inaceptable. A esto se suma la negligencia sistémica, reflejada en cifras alarmantes como el hecho de que aproximadamente el 80% de las personas indígenas encarceladas no tuvieron acceso a un traductor en su lengua. La la justicia que nunca llega también es, sin duda, racista.
Por si fuera poco, jueces, juezas, ministros y ministras, así como funcionarios de alto rango en el Poder Judicial, han centrado su atención en la defensa de empresas trasnacionales, perjudicando a la nación y a las y los mexicanos. En los últimos años, reformas legítimas enviadas por el Ejecutivo y aprobadas por Legislativo, como la Reforma Eléctrica, han sido desechadas por el Poder Judicial. A esto se suman otras acciones, como la inexplicable liberación de delincuentes, que también han generado desconfianza en la impartición de justicia.
El camino hacia la aprobación de la reforma ha sido complejo, como era de esperarse, debido a las resistencias de algunos sectores económicamente influyentes y poderosos. Durante meses, hemos sido testigos de la tergiversación del contenido de la reforma difundida por los medios de comunicación hegemónicos, de la presión financiera y de la tensión generada por la injerencia de gobiernos extranjeros, especialmente el de Estados Unidos. También hemos visto movilizaciones de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial que han sido desinformados o manipulados, ya que la reforma no afecta sus derechos laborales. Además, jóvenes de escuelas de derecho, tanto privadas como de la UNAM, se han manifestado en contra de la reforma. Algunas de estas protestas han sido encabezadas por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, quien defiende sin pudor sus privilegios onerosos y vergonzosos, bajo un discurso simulado que supuestamente protege la democracia y la división de poderes.
La oposición es tan fuerte porque, sin duda el Poder Judicial es el último bastión que le queda a la oligarquía neoliberal. En otros países, hemos visto cómo el Poder Judicial ha frenado las demandas de justicia social de los pueblos, la recuperación de sus recursos naturales, antes en manos de las transnacionales, e incluso ha destituido presidentas y presidentes electos por las mayorías, torciendo la ley de manera facciosa para detener los procesos democráticos y transformadores que impulsan los pueblos en América Latina. La lawfare o guerra judicial es una herramienta de desestabilización jurídico -mediática utilizada para eliminar a oponentes políticos, y ha sido empleada por las oligarquías locales y extranjeras en varias partes del mundo. Sin lugar dudas, el Poder Judicial es un enclave de las oligarquías que actúa como un dique ante los procesos de cambio que impulsan los pueblos en su lucha contra el neoliberalismo.
Por eso esta es la “reforma madre” de todas las que presentó nuestro presidente el pasado 5 de febrero, porque sin ella las demás corren el riesgo de no concretarse, aunque cuenten con el apoyo del pueblo representado en los otros dos poderes. Aprobar y poner en marcha la reforma la Poder Judicial es una victoria para el pueblo de México y el primer paso hacia la profunda transformación que dicho poder necesita. ¡Que siga la transformación!
*Doctora en Ciencias políticas por la UNAM, maestra en Estudios de la mujer por la UAM-X, artista plástica feminista, obradorista, militante fundadora de morena.
1INFP Morena (2024) “Reforma al Poder Judicial” Recuperado de: https://rise.articulate.com/share/ALUqpQnmKFVqs3YZMqtoW6-g7mogO4GK#/lessons/FG0xPP63IxIoojrVZn_HOebc-z_JbpfN Fecha de consulta: 26 septiembre 2024.
2Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917-2014) Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf Fecha de Consulta: 26 de septiembre 2024.
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