Natalia Eguiluz*

En este artículo me propongo abordar el origen del 8 de marzo, la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer —celebrada hace ya 50 años en la Ciudad de México en 1975— y la Plataforma de Acción de Beijing, a 30 años de su adopción. Todo ello en el contexto del sexenio de la primera presidenta de México.
El “Día Internacional de la Mujer” tiene sus raíces en el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, una conmemoración que surgió a principios del siglo XX gracias a las luchas de obreras, anarquistas y, sobre todo, militantes de los partidos socialistas en Europa y Estados Unidos. Su origen, claramente ligado a la izquierda, refleja la intersección entre explotación de clase y opresión de género. La lucha de las mujeres por el derecho a un salario justo, la reducción de la jornada laboral y la prohibición del trabajo infantil tiene una larga historia; sin embargo, en la mayoría de los países, estos derechos nunca se lograron plenamente o fueron desmantelados con el avance del neoliberalismo, que socavó muchas de las conquistas obtenidas a través de las revoluciones sociales del siglo XX.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), fundada en octubre de 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, no reconoció el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer hasta 1975, cuando se llevó a cabo la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en la Ciudad de México. En esta conferencia se decidió incorporar la conmemoración, aunque no fue sino hasta 1977 cuando la ONU oficializó su celebración a nivel mundial.
Historiadoras, activistas y académicas de la segunda ola del feminismo en México recuerdan que, antes de aquella conferencia, ya existían grupos feministas en el país. Aunque no eran numerosos, estos colectivos aprovechaban los espacios disponibles y, a través de acciones simbólicas, lograban incidir en la agenda pública y plantear sus críticas y demandas. Entre estos grupos se encontraban “Mujeres en Acción Solidaria”, el “Movimiento de Liberación de la Mujer” y el colectivo “La Revuelta”. Estas agrupaciones, conformadas principalmente por mujeres universitarias de clase media, combinaban su militancia en espacios mixtos de izquierda con su participación en organizaciones feministas.
La realización de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer despertó un mayor interés en la sociedad mexicana respecto a la desigualdad de género en todos los ámbitos. Que se celebrara en la Ciudad de México también presionó al gobierno para reconocer explícitamente, por primera vez en la historia del país, la igualdad entre mujeres y hombres en la Constitución. Así, en 1974, se incorporó esta disposición en el artículo 4º constitucional.
En 1979 se llevó a cabo la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, conocida como la “carta de los derechos humanos de las mujeres”. Estas disposiciones no habrían sido posibles sin la existencia de un movimiento social que, desde finales del siglo XIX, venía impulsando —en su diversidad— una crítica a las estructuras económicas, sociales y políticas de explotación y opresión hacia las mujeres. Asimismo, promovía demandas concretas en favor de la igualdad, las cuales, en las décadas de 1960 y 1970, adquirieron un nuevo impulso, consolidándose como la segunda ola del feminismo a nivel mundial.
Los movimientos sociales acumulan fuerza hasta lograr visibilizarse y, posteriormente, incidir en los marcos jurídicos de los gobiernos y en organismos internacionales. Esto responde a contextos históricos, así como a condiciones económicas y políticas más amplias, cuya convergencia posibilita su entrada en las estructuras institucionales.

Sin embargo, cuando los movimientos y sus demandas se institucionalizan, las posturas más críticas y de carácter sistémico tienden a perder visibilidad. En el caso del feminismo, ha sido el feminismo liberal el que ha ocupado un papel protagónico y más aceptable para el sistema, desplazando visiones de corte socialista, abiertamente contrarias al capitalismo y al patriarcado.
Es importante considerar que, en la década de los años ochenta, el neoliberalismo comenzó a imponerse de manera clara en el mundo como la fase más agresiva del capitalismo. Este modelo ha profundizado las desigualdades de clase, “raza” y género. Analistas de los movimientos sociales y de los procesos emancipatorios señalan que, hacia finales de la década de los setenta y principios de los noventa, terminó un ciclo histórico iniciado en la primera década del siglo XX. Este periodo estuvo marcado por luchas políticas y sociales de inspiración anticapitalista, popular, socialista y antimperialista, las cuales disputaban el poder en todas sus dimensiones y cuestionaban las estructuras de dominación. La contrarrevolución neoliberal avasalló las luchas populares de izquierda mediante la represión, la imposición de gobiernos, las invasiones y las guerras económicas, así como a través de la construcción de un sentido común hegemónico acorde con los intereses de las élites.
Este periodo coincidió con el avance del feminismo a nivel institucional a escala internacional, lo que remite a reflexiones sobre lo poco incómodo que resultó el feminismo liberal para el neoliberalismo. En la década de los noventa se registraron varios avances en materia de igualdad de género dentro del marco jurídico y en los organismos internacionales. Sin embargo, a pesar de que los gobiernos firmaron acuerdos y convenciones, en la práctica, la mayoría de las mujeres no podían ejercer ni sus derechos más básicos. La pobreza seguía siendo una realidad para la mayoría de ellas, lo que llevó a acuñar el término “feminización de la pobreza”, ya que las mujeres no solo enfrentaban desigualdad de clase, sino también de género en sociedades patriarcales.
En 1995 —hace ya 30 años— se organizó la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la que se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Este evento marcó un hito en la historia de los acuerdos internacionales sobre los derechos de las mujeres y la visibilización de las desigualdades de género. La conferencia, celebrada en Beijing, China, en septiembre de 1995, consistió en dos semanas de debates políticos e intercambio de información sobre prácticas y experiencias, en la que representantes de 189 gobiernos acordaron compromisos para la igualdad de género. En este espacio se articuló por primera vez… La agenda para el desarrollo se ha vinculado con la promoción de los derechos de las mujeres, estableciendo dos estrategias fundamentales: el empoderamiento de las mujeres y la reevaluación de la estructura social a la luz del desarrollo de los estudios de género.
La Plataforma de Acción de Beijing abordó doce ámbitos de acción prioritarios:
1. La mujer y la pobreza.
2. La educación y la capacitación de la mujer.
3. La mujer y la salud.
4. La violencia contra la mujer.
5. La mujer y los conflictos armados.
6. La mujer y la economía.
7. La mujer en el ejercicio del poder y la toma de decisiones.
8. Los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer.
9. Los derechos humanos de la mujer.
10. La mujer y los medios de comunicación.
11. La mujer y el medio ambiente.
12. La niña.
Para cada uno de estos ámbitos se establecieron objetivos estratégicos, además de una serie de medidas que los gobiernos deberían implementar. La Plataforma de Beijing ha sido un instrumento clave para la formulación de marcos jurídicos y políticas públicas que promuevan la equidad de género a nivel mundial (ONU, 2014).
Sin embargo, el avance hacia la igualdad social requiere cuestionar y analizar críticamente el sistema capitalista, ya que este se sustenta en la explotación de las personas y, por ende, perpetúa desigualdades estructurales. En su fase neoliberal, dicho sistema ha reducido al mínimo la responsabilidad del Estado como garante del bienestar social, consolidando un modelo oligárquico en el que los gobiernos priorizan los intereses de una élite minoritaria. Como consecuencia, la mayoría de la población —tanto hombres como mujeres— ha sido privada de su derecho a una vida digna. Esta situación ha generado la feminización de la pobreza, el aumento de la mercantilización y explotación sexual de los cuerpos femeninos, el deterioro ambiental sin precedentes, así como un crecimiento alarmante de la violencia, los desplazamientos forzados y los flujos migratorios.
Garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas exige combatir el modelo económico neoliberal y el sistema de valores que impone, caracterizado por el clasismo, el racismo y el machismo. La construcción de sociedades más justas e igualitarias requiere, necesariamente, una transformación del modelo económico.
En México, a partir de 2018, con el triunfo del pueblo en las urnas y la llegada del primer gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se inició un cambio de rumbo. Este proceso ha implicado el distanciamiento del modelo neoliberal mediante la separación del poder político y económico, el combate a la corrupción, la instauración de la austeridad republicana, el cobro de impuestos a las grandes empresas y la centralidad de los sectores históricamente excluidos en la acción estatal.
Medidas como la recuperación de derechos laborales, el aumento del salario mínimo, los programas sociales y la intervención del Estado en la economía han generado resultados positivos. Según datos del Banco Mundial, aproximadamente 9.3 millones de personas salieron de la pobreza durante el sexenio pasado, mejorando las condiciones de vida de la población, incluidas las mujeres.
Asimismo, se han logrado avances históricos en la participación de las mujeres en la toma de decisiones públicas. Con el primer gabinete paritario y la reforma de 2019 sobre la “paridad de género en todo”, se ha consolidado el reconocimiento de las mujeres como sujetas políticas.
En la última etapa del sexenio 2018-2024, con la mayoría calificada obtenida en las elecciones de 2024 gracias al voto masivo del pueblo, se ha fortalecido la continuidad y profundización de la Cuarta Transformación.
En el marco de la Cuarta Transformación, se ha logrado obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una representación casi equivalente en el Senado. Esto ha permitido la aprobación de reformas constitucionales de gran calado, entre ellas, la reforma al Poder Judicial y la reforma en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, reconociéndolos como sujetos de derecho público.

Con el inicio del sexenio de la primera presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, se ha aprobado la reforma para la igualdad sustantiva de las mujeres. Este principio, que va más allá de la igualdad formal, obliga al Estado a transformar los obstáculos legales, normativos y culturales que impiden el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.
En este sentido, la reforma establece disposiciones clave para la eliminación de la brecha salarial de género, el reconocimiento constitucional del derecho a una vida libre de violencia y su erradicación como una política de Estado. Además, busca transformar la división sexual del trabajo, al reconocer el trabajo de cuidados y la necesidad de redistribuir esta responsabilidad, evitando que recaiga exclusivamente en las mujeres o que se les imponga como su único rol social. La corresponsabilidad y la creación de un Sistema Nacional de Cuidados son fundamentales para garantizar mayor autonomía económica y justicia social para las mujeres.
Estas demandas no son nuevas; se remontan a finales del siglo XIX y a las luchas de las mujeres de izquierda revolucionarias de la primera ola del feminismo, quienes ya entonces comprendían la interconexión entre la explotación, la violencia de clase y la opresión de género.
Si bien la firma de acuerdos internacionales y el compromiso de los países con la igualdad de género han sido logros importantes, estos avances han sido producto de arduas luchas feministas. Aunque estos instrumentos ayudan a visibilizar la desigualdad y la violencia en el debate público, lo más relevante es la transformación de las condiciones estructurales que perpetúan dichas desigualdades.
El humanismo mexicano y la economía moral propuesta por la Cuarta Transformación ofrecen una alternativa para repensar el ejercicio del poder y su propósito. Se ha demostrado que el lucro, el individualismo y la discriminación no pueden estar en el centro de la vida pública y que no es posible hablar de democracia sin el pueblo, sin las mujeres y sin justicia económica.
Los gobiernos neoliberales firmaron innumerables acuerdos y convenciones internacionales, pero en la práctica, todo quedó en mera demagogia. Lejos de generar avances significativos, estos gobiernos provocaron un retroceso en el ejercicio de los derechos humanos para la gran mayoría de la población, profundizando la precarización de la vida de las mujeres y desatando niveles de violencia e impunidad sin precedentes.
Este año será clave para evaluar el compromiso global con la igualdad social de las mujeres. En Nueva York, la sede de las Naciones Unidas conmemorará los 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Lo que es innegable es que, en estos años de la Cuarta Transformación, México ha avanzado como nunca antes en tan poco tiempo. Hoy, aquí, es tiempo de mujeres… de izquierda.
*Doctora en Ciencias políticas por la UNAM, maestra en Estudios de la mujer por la UAM-X, artista plástica feminista, obradorista, militante fundadora de morena.
Referencias
Modonesi, Massimo (2008), “Crisis hegemónica y movimientos antagonistas en América Latina. Una lectura gramsciana del cambio de época”, en A Contra Corriente, vol. 5, núm. 2, p.116.
ONU Mujeres (2024) “ La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing cumple 30 años: una mirada a los avances logrados y los desafíos pendientes” Recuperado de: https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2024/11/la-declaracion-y-plataforma-de-accion-de-beijing-cumple-30-anos-una-mirada-a-los-avances-logrados-y-los-desafios-pendientes Fecha de consulta: 29 de enero 2025.
ONU, (2014) “Declaración y Plataforma de Acción de Beijing”, Recuperado de: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9853.pdf Fecha de consulta: 30 de enero 2025.











