Maritza Elizabeth Frías Ochoa*
Tras un análisis y revisión del concepto de pobreza desde una perspectiva social, resulta evidente que se trata de un fenómeno complejo, con múltiples características que dependen del contexto y que, en muchos casos, se transmite de generación en generación. Diversas fuentes lo definen según distintos enfoques, como pobreza extrema, estructural, social, urbana, rural o infantil, entre otros.
En 1901, Benjamin Rowntree definió la pobreza como la falta de ingresos, estableciendo que estos no eran suficientes para cubrir las necesidades básicas de subsistencia. A partir de este planteamiento, es posible realizar un análisis reflexivo que permita comprender, de manera breve, los procesos y acciones institucionales en nuestro país en relación con las mujeres en situación de pobreza.
ONU Mujeres (2014) señala que “las mujeres y niñas que viven en la pobreza son más vulnerables a la explotación sexual, incluida la trata de seres humanos. Por otro lado, aquellas que sufren violencia doméstica o por parte de un compañero sentimental tienen menos opciones de escapar de relaciones violentas, debido a su falta de ingresos y recursos” (p. XX).
Si bien la Declaratoria de Beijing de 1995 estableció objetivos y medidas para promover la igualdad y el progreso de las mujeres, también hizo un llamado a los gobiernos, la comunidad internacional, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado.
La Declaratoria de Beijing de 1995 identificó áreas prioritarias para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Entre los principales desafíos a abordar se encuentran:
1. La carga persistente y creciente de la pobreza que afecta a las mujeres.
2. Desigualdad, disparidades e insuficiencias en el acceso a la educación y la capacitación.
3. Desigualdad y deficiencias en el acceso a la atención de la salud y servicios relacionados.
4. Violencia contra las mujeres en todas sus formas.
5. Impacto de los conflictos armados en las mujeres, incluidas aquellas bajo ocupación extranjera.
6. Desigualdad en las estructuras y políticas económicas, así como en el acceso a recursos y
actividades productivas.
7. Brecha de género en el ejercicio del poder y la toma de decisiones en todos los niveles.
8. Insuficiencia de mecanismos institucionales para promover el avance de las mujeres.
9. Falta de respeto, promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres.
10. Estereotipos de género y desigualdad en el acceso y participación en los medios de comunicación.
11. Desigualdad en la gestión de los recursos naturales y la protección del medio ambiente desde una perspectiva de género.
12. Persistencia de la discriminación y vulneración de los derechos de las niñas.
on Women.jpg:, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?-
curid=129173323
Por otro lado, el INMUJERES señaló que la pobreza no depende únicamente del nivel de ingresos, sino que se manifiesta en múltiples dimensiones.
De manera similar, el CONEVAL estableció una medición multidimensional de la pobreza, considerando que una persona en esta condición es aquella que no tiene garantizado el acceso a servicios de salud, seguridad social, educación, vivienda digna con servicios básicos ni alimentación adecuada. Además, sus ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, lo que limita su acceso a derechos sociales y económicos.
Según el CONEVAL (2022), para avanzar hacia una distribución más equitativa del trabajo, es fundamental que el gobierno impulse marcos normativos que fomenten la redistribución y corresponsabilidad del trabajo no remunerado del hogar entre mujeres, hombres, el sector privado y el Estado. Asimismo, se recomienda la creación de empleos con perspectiva de género y sin vulneraciones laborales.
Es esencial establecer mecanismos que garanticen el ejercicio pleno de los derechos económicos y sociales, bajo el principio de que todas las personas son titulares de estos, independientemente de su grado de participación en el ámbito doméstico o en el mercado laboral.
Para lograr lo anterior, es fundamental fortalecer el marco normativo nacional que garantice el acceso a cuidados adecuados para quienes los necesiten. Esto permitirá que el tiempo dedicado a estas labores, predominantemente por mujeres, no limite su participación en los ámbitos económico y social.
Si bien reconocemos los esfuerzos del gobierno de la Cuarta Transformación, como el programa de cuidadoras del hogar, en la práctica aún no se ha logrado una regulación efectiva, al menos en nuestro lugar de residencia.
En 2020, el 44.4% de las mujeres en México (29.1 millones) se encontraba en situación de pobreza, de las cuales el 8.5% (5.5 millones) vivía en pobreza extrema y el 35.9% (23.5 millones) en pobreza moderada, según datos del CONEVAL (2021).
“La pobreza afecta con distinta intensidad a cada grupo de mujeres, como resultado de la acumulación de desventajas sociales, económicas, políticas y culturales. Mientras que cuatro de cada diez mujeres en el país se encuentran en situación de pobreza, en el caso de las mujeres indígenas, esta cifra aumenta a siete de cada diez” (INMUJERES, 2021).
Reconocemos los esfuerzos del gobierno a través de la Secretaría de Bienestar, con programas dirigidos a mujeres jefas de familia, personas con discapacidad y adultas mayores, así como la adecuación de leyes y políticas públicas. También valoramos la labor de instancias como el INMUJERES, que buscan justicia social para las mujeres.
Sin embargo, las cifras actuales sobre la pobreza femenina evidencian que aún queda mucho por hacer. Es necesario reforzar la concientización y la formulación de políticas públicas que reduzcan la carga de trabajo no remunerado, garanticen derechos laborales, mejoren los salarios y aseguren el acceso a servicios básicos como salud y vivienda. Asimismo, es fundamental adecuar las leyes para enfrentar las violencias económica, laboral y estructural, y así reducir las brechas de desigualdad que seguimos viviendo las mujeres.
“Las historias importan. Muchas historias importan. Las historias se han usado para despojar y calumniar, pero las historias también pueden dar poder y humanizar. Las historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden reparar esa dignidad rota.”
* Originaria del Estado de Sinaloa (1981). Licenciada en sociología. Diplomado en Buen Gobierno y especialización de “Formación Integral en Perspectiva de Género”. Activista, defensora de Derechos Humanos.
Referencias
Chimamanda Adichie (PNUD, 2019).
CONEVAL. (2024). Sistema de indicadores de pobreza con perspectiva de género. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2024/Comunicado_03_Sistema_Indicadores_Pobreza_Genero.pdf
CONEVAL. (2021). Líneas de pobreza por ingresos, diciembre 2021. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Lineas_de_Pobreza_por_Ingresos/Lineas_de_Pobreza_por_Ingresos_COVID_dic_2021.pdf
INMUJERES. (2021). Documento de análisis sobre pobreza y género en México. Instituto Nacional de las Mujeres. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BA7N07-2%20FINAL.pdf
Manos Unidas. (2025). Definición de pobreza en el mundo. https://www.manosunidas.org/observatorio/pobreza-mundo/definicion-pobreza
ONU Mujeres. (2014). El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016: Transformar las economías para realizar los derechos. Naciones Unidas. https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/4/progress-of-the-worlds-women-2015 file:///C:/Users/52646/Downloads/INCLUSIVE-4-Personas-en-situacion-de-calle.pdf (PNUD, 2019).
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